CON LA CARTA MAGNA

La democracia española vive estos días, con el intento de secesión de Cataluña, los momentos más graves desde el 23-F. La coyuntura resulta tan delicada que sorprende que algunos no parezcan ser conscientes de ella y que otros defiendan tesis insostenibles, considerando que el derecho a decidir de unos pocos es más justo que el derecho a decidir de todos.

Dejaré que los próximos acontecimientos me permitan formarme una opinión más rotunda sobre la eficacia de la estrategia de Mariano Rajoy, aunque, en todo caso, está haciendo lo que tiene que hacer un presidente del Gobierno de España: plantar cara a quienes buscan una Cataluña independiente.

Lo que sí concluyo es mi juicio positivo sobre el apoyo de Ciudadanos al Gobierno (se estará o no de acuerdo con Rivera, pero las ideas las tiene claras) y mi crítica a las posiciones de los dos principales líderes de la oposición: el socialista Pedro Sánchez y el podemita Pablo Iglesias. Resulta lamentable que ambos, movidos por el afán de procurar el desgaste del gabinete de Rajoy a cualquier precio, continúen empleando la palabra “diálogo” para con quienes, encabezados por el presidente de la Generalidad, Puigdemont, protagonizan un acto golpista. ¿Pueden explicar con precisión, más allá del lirismo del término, qué hay que dialogar entre dos posturas antagónicas, la de los constitucionalistas y la de los independentistas, cuando además sólo una, la de los constitucionalistas, viene del brazo de la legalidad, explicar qué clase de izquierda es aquélla tan proclive a escuchar a movimientos defensores de la teoría más reaccionaria posible, la que reclama quedarse el dinero para sí desatendiendo cualquier principio de solidaridad?

Quiero reflejar también que quienes se han concentrado en la Plaza Isaac Peral con banderas constitucionales de España y quienes lo hacen, en tantos y tantos lugares del país, en contra de la segregación catalana no son fascistas. Tildarlos de tales sólo puede provenir de la ignorancia o de un sectarismo que no condena dictaduras como la cubana o la venezolana y pretende después ofrecer lecciones jurídicas.

Francisco Lambea

Diario de Cádiz

8 de Octubre de 2017