FIN DE CICLO

La difusión de un correo electrónico enviado por el alcalde, David de la Encina, a la directora gerente de la Fundación Andalucía Emprende, Vanessa Bernad, en el que se refería a sus obligaciones laborales y la mejor preparación de su candidatura a los comicios municipales de 2015, y la consiguiente postura de la asamblea y el consejo local de IU de romper el pacto de gobierno si el regidor no dimite antes de la primera hora del lunes, constituyen dos episodios más de la deriva del gobierno local.

El acuerdo forjado para impedir que el PP, la lista más votada, se hiciera con la alcaldía, por encima de las diferencias programáticas de sus firmantes, ha demostrado ser negativo para El Puerto. A la expulsión del tripartito de Levantemos al año de la rúbrica, con la posterior creación de un bipartito en minoría, se une ahora la solicitud de dimisión del alcalde por parte del socio de gobierno que quedaba, dimisión para la que pide que el PSOE intervenga por tierra, mar y aire, dimisión que, si no se produce, supondrá mañana la previsible ruptura del pacto y dejar al frente del Consistorio a un ejecutivo de 6 concejales (ni la cuarta parte de la Corporación, que forman 25 ediles).

El Puerto de Santa María no se merece esto. Desde el obvio respeto democrático a todas las formaciones entiendo que quienes ya han demostrado tal hoja de servicios carecen de elementos para hacer pensar que los próximos cuatro años sean más provechosos de lo ya visto, como entiendo también que los partidos que, resguardados bajo su marca, retrasan hasta el último momento la presentación no ya solo de sus listas sino incluso de quien las encabeza, conducen con su actitud a recelar de su facultad transformadora.

Frente a esas circunstancias, creo que el proyecto que lidera Germán Beardo en el PP, un proyecto con buenos profesionales para las distintas áreas de gestión, se erige como el más convincente de los que se presentan a las elecciones municipales del 26 de mayo, como el más capacitado para conseguir que El Puerto de Santa María sea esa ciudad que los portuenses piensan que puede llegar a ser, una ciudad que ponga en valor su indudable potencial.

Francisco Lambea 

Diario de Cádiz

31 de marzo de 2019

UN PEPRICHYE ETERNO

El Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Conjunto Histórico y su Entorno, Peprichye, no va a estar aprobado durante este mandato. Otra gestión que el alcalde, David de la Encina, y su tripartito inicial y bipartito minoritario posterior dejan pendiente, aumentando el limbo de proyectos no cumplidos, limbo que, de tan poblado, va adquiriendo corporeidad.

La luz verde al Peprichye tarda tanto que su nombre, de pronunciación ardua, se ha hecho cercano, de forma que el acrónimo se usa ya con una cierta confianza familiar. La burocracia siempre reserva una sorpresa, un último plácet necesario para dar curso a otro imprescindible y así hasta la noche de los tiempos, de forma que la ciudad sigue sin el documento mientras las casas palacio dejan progresivamente de ser lo primero y, por ende, lo segundo.

Pasados cuatro meses de su entrada en el Registro Municipal, una vez la empresa Territorio y Ciudad culminó su redacción, el itinerario de la particular travesía del desierto del Peprichye requiere ahora un informe de la Intervención general. Llegados a este punto los portuenses tienden a pensar que lo lógico sería que la Intervención interviniera, dándole prioridad al texto. Pero no. El primer edil rehúsa comprometerse a una fecha (compromiso que, en cualquier caso, sería recibido con casi unánime escepticismo), argumentando que dependerá de la voluntad del citado ente administrativo, que, según se ve, goza del envidiable privilegio de manejar sus propios tiempos: ninguna libertad mayor que aquella no sometida a la aspereza matemática de la cronología.

Tampoco la Intervención será la última parada de tan kilométrico viaje, en cuya hoja de ruta se escalonan la junta de gobierno local, el BOE, la exposición pública de 30 días con sus noches, las previsibles alegaciones y sus oportunas respuestas, derivando en una aprobación plenaria que ha de ser doble, etapas todas contempladas en la normativa, aunque yo no descartaría el surgimiento de alguna más.

El Puerto de Santa María necesita la mayor agilización posible para aprobar el Peprichye y empezar a atender todo cuanto en el casco histórico requiere decidida actuación.

Francisco Lambea

Diario de Cádiz

17 de marzo de 2019

LA URGENCIA, DESATENDIDA

El ayuntamiento de El Puerto continúa sin liquidez. Una de las numerosas entidades afectadas es Anydes, que espera la subvención correspondiente al año en curso (son 15.000 los euros adeudados), en una desagradable situación ya sufrida por el colectivo anteriormente y que en la actualidad provoca que ni siquiera acoja a nuevos usuarios.


La coyuntura se hace más dolorosa dado el perfil de la institución, que intenta ayudar a los que menos tienen o a los que nada poseen. Sorprende que un gobierno formado por PSOE e IU presente tantas dificultades para sostener a un organismo de esta naturaleza: hay que llenarse menos la boca hablando de política social y llenar más las cuentas de quienes se dedican a ella.


Al parecer se está a la espera de que la intervención municipal otorgue el visto bueno a unas facturas atrasadas para poner en marcha un nuevo convenio, pero lo cierto es que la burocracia camina por un lado, pisando sobre cómodas alfombras, y las penalidades de la calle transitan por otro. Las cosas de palacio van despacio y, como El Puerto es la ciudad de los cien, parece multiplicar la lentitud por dicho guarismo, en correspondencia matemático-arquitectónica.


Si los usuarios de Anydes se dedicaran como otros colectivos a manifestarse, más o menos virulentamente, en la Plaza Peral o en el interior del edificio consistorial exigiendo soluciones es seguro que las trabas administrativas se solventarían con mayor rapidez. Pero esa es una de las paradojas de nuestro tiempo: que quienes requieren ayuda con preferencia a los que se ubican detrás de una pancarta al cabo ni siquiera protestan e incluso ni ejercen su derecho al voto, actitud que se paga ante gobiernos que actúan a golpe de imágenes e intereses electorales.


Ningún ayuntamiento anda sobrado de recursos pero el portuense se encuentra especialmente débil, insolvencia aún más chocante si se observa la magnitud de los tributos que abonan sus ciudadanos, como cada año acredita el informe de la Confederación Provincial de Empresarios, que ubica algunos epígrafes, como el IBI, en la zona alta de un ranking compuesto por 45 municipios.






Francisco Lambea


Diario de Cádiz


3 de Marzo de 2019