AL BORDE DE LOS NÚMEROS

El equipo de gobierno ha reconocido su desasogiego ante la posibilidad de que el Ministerio de Economía y Hacienda retenga la Participación que corresponde al Consistorio en los Ingresos del Estado, PIE, como castigo por el incumplimiento de plazos en que incurre a la hora de abonar las facturas a sus proveedores: según detalla el alcalde, David de la Encina, la ley al efecto (puesta en marcha, con buen criterio, en 2010), estipula el periodo de abono en 30 días, siendo la media local paganinesca de 127.

Lo cierto es que si uno echa la vista atrás comprueba que la situación presente es mucho mejor que la pretérita, cuando cobrarle una factura a  cualquier entidad pública condenaba a unas esperas similares a las de la sentencia a un recurso de inconstitucionalidad, de modo que el simple hecho de operar con la Administración suponía para el empresario una especia de ruleta rusa financiera, lindante con la temeridad o incluso el altruismo, en la que el privado debía esgrimir músculo monetario.

En rueda de prensa genérica sobre el contexto pecuniario el ejecutivo ha indicado que el débito con las contratas sigue siendo alto: como es habitual, la concesionaria de limpiezas, FCC, se alza como la que mayores cantidades reclama, unos 11 millones de euros, demostrando que para el Ayuntamiento resulta literalmente imposible presentarle a este acrónimo no ya cierto equilibrio financiero, sino un déficit políticamente correcto (si uno apresta la calculadora observa que la rémora con FCC supone un 10% del presupuesto municipal anual).

Parece ser que los números rojos totales rondan los 180 millones de euros, en torno a 30.000 millones de las antiguas pesetas (en la moneda antigua se antoja una cantidad mayor y como más obligada de abono). Nos referimos a la última cifra expuesta, pues los guarismos ofrecidos sobre este concepto varían con independencia de lo que dicten los epígrafes de ingresos y gastos (la economía, como el arte, también admite sus interpretaciones).

Al menos existe la intención de que los próximos presupuestos estén aprobados antes del inicio del año al que se destinan, algo de todo punto lógico: el calendario moresquiano se empecinaba en ubicarlos a posteriori, entrados julio o agosto, como si en lugar de empezar el año con las uvas principiara a la par que el fiscal.

Francisco Lambea

Diario de Cádiz

16 de Agosto de 2015