domingo, 12 de marzo de 2017

EL CASTIGO DE HEREDAR


El PP ha anunciado su intención de elevar al pleno ordinario una moción en la que pedirá el apoyo del equipo de gobierno a su petición de que la Junta de Andalucía elimine prácticamente el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, uno de los más altos de España. Los populares, que señalan haber recogido 15.000 firmas de portuenses que desean la supresión de este tributo, dan un paso más en su campaña contra el disparate que supone dicho arbitrio, un sinsentido que concluye a veces en uno de los hechos más lamentables que puedan derivar de la actuación de cualquier organismo público: que una persona se vea obligada a renunciar al patrimonio que le dejan sus seres queridos por su incapacidad de afrontar el peaje pergeñado desde la propia Administración.

Quienes tienen la encomienda de defender este gravamen gustan de referirse a los que han de abonarlo como “grandes fortunas”, pero el más elemental sentido común evita situar en ese status a quienes exponen estos días su caso en los medios de comunicación: más bien encontramos a afectados de clase media, cuyos padres han desarrollado un gran esfuerzo laboral, que se topan con una coyuntura rayana en lo confiscatorio, inocentes castigados por un gobierno que sobrevalora sus bienes y les obliga a malvenderlos para afrontar tasas abusivas so pena de no quedarse con migaja alguna de lo que otros, tan amorosa y confiadamente, les entregaron. Una indefensión escandalosa y discriminatoria respecto a la situación de otros legatarios en muchas regiones del país.

Con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones la Junta muestra una alevosa voracidad fiscal, agazapada en la constancia de que toda persona ha de morir y de que, probablemente, cederá bienes a los suyos, por lo que la entidad autonómica queda a la espera de aplicar su macabra guillotina recaudatoria. Bien haría en cambiar de criterio. Al cabo, quienes hereden acabarán con el tiempo pagando mayores impuestos al disponer de mayores recursos, merced a otras figuras y como resulta justo y lógico, pero dispondrán de plazos más bonancibles, relacionados con un concepto tan importante como el de la liquidez, y nadie les expropiará lo que les pertenece.


Francisco Lambea
Diario de Cádiz
12 de Marzo de 2017 

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